EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Julieta Tejada afirmó que las políticas de prevención de los feminicidios en la República Dominicana han fracasado en su propósito de proteger la vida de las mujeres, al considerar que las respuestas de las autoridades no han sido suficientes para evitar nuevos crímenes, incluso en casos donde existían denuncias previas de violencia.
Tejada expresó su preocupación ante los asesinatos de mujeres registrados durante los primeros días de noviembre, que han dejado a varios niños en la orfandad y reavivado los cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para responder oportunamente ante las amenazas contra las víctimas.
La comunicadora sostuvo que uno de los principales problemas radica en la falta de efectividad de los protocolos de protección, debido a que algunas mujeres habían acudido previamente a las autoridades para denunciar situaciones de violencia, sin que las medidas adoptadas lograran impedir los desenlaces fatales.
Cuestiona protección de las víctimas
Tejada consideró que las estrategias institucionales deben replantearse, especialmente en lo relacionado con las medidas de protección, al entender que históricamente se ha trasladado a las mujeres de sus hogares y entornos familiares, mientras los agresores permanecen en libertad de movimiento.
En ese sentido, planteó que las acciones preventivas deben concentrarse también en restringir y supervisar el comportamiento de quienes representan una amenaza para la integridad física y la vida de las mujeres.
La comunicadora propuso incorporar herramientas tecnológicas y mecanismos de vigilancia que permitan verificar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento y actuar oportunamente cuando los agresores violen las disposiciones judiciales.
Asimismo, consideró necesario que el Estado destine los recursos económicos, humanos y tecnológicos indispensables para garantizar una protección efectiva a las mujeres que denuncian amenazas o agresiones.
Tejada insistió en que el problema no puede seguir enfrentándose únicamente con declaraciones y medidas que no necesariamente se traducen en seguridad para las víctimas, sino mediante una transformación de las políticas públicas de prevención y protección.
A su juicio, garantizar la vida de las mujeres requiere respuestas institucionales oportunas, seguimiento permanente de los casos de violencia y mecanismos capaces de impedir que las amenazas denunciadas terminen convirtiéndose en feminicidios.
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